con la complicidad del gobierno socialista.
La Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización, CAS-Madrid y la Plataforma Matusalén han registrado en el Congreso de los Diputados en torno a 400.000 firmas parar pedir la derogación de la Ley 15/97, que “permite entrar las empresas con ánimo de lucro en la sanidad pública y, por tanto, privatizarla”.
En palabras de Ángel Navarro, portavoz de estas asociaciones, “el objetivo de esta recogida de firmas es paralizar la brutal privatización de la sanidad pública que se está produciendo en España, en especial en la Comunidad de Madrid”.
El portavoz ha destacado que la sanidad pública no debe de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas, agregando que la entrada de las empresas en la sanidad pública no mejora la eficiencia del sistema sanitario y, en cambio, se acompaña de una reducción del gasto en profesionales y en la atención a los pacientes.
La organización ha recogido alrededor de 400.000 firmas que defienden que "la Sanidad pública no debe de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas".
Además, consideran que están "convencidos" de que la introducción del ánimo de lucro en la Sanidad pública "no mejora la eficiencia del sistema sanitario y, en cambio, sí reduce el gasto en profesionales y en la atención a los pacientes".
Por ello, reclaman la derogación de la Ley 15/97 sobre 'Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud' y cualquier otra que permita a las empresas privadas gestionar la sanidad pública.
